Por la ley de Reparación Histórica

Representantes de los pueblos originarios criticaron al Gobierno nacional y marcharán para pedir la sanción de un proyecto que busca atender sus demandas, todavía insatisfechas, a pesar de la legislación vigente que los ampara.

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El próximo 12 de octubre se festejará, una vez más, el Día de la Raza: la llegada de los españoles a América hace 518 años, que fue el comienzo del saqueo y del genocidio del que fueron víctimas los pueblos originarios. Por eso, el próximo miércoles, esas mismas comunidades se movilizarán frente al Congreso de la Nación para exigir la sanción de una norma más a favor de sus demandas incumplidas: la Ley de Reparación Histórica de los Pueblos Indígenas.

El proyecto fue presentado en marzo por la diputada nacional Silvia Vázquez, del partido de la Concertación-Forja. Al respecto, el vicepresidente de la Asociación Indígena de la República Argentina, Gabino Zambrano, explica que la ley tiene cuatro puntos fundamentales. El primero es la creación de un fondo para el desarrollo de las comunidades indígenas; otro, tiene que ver con la obtención de la personería jurídica de carácter público, en tanto pueblos preexistentes a la formación del Estado nacional; un tercero se refiere a la legislación sobre la propiedad comunitaria de las tierras; y el último, que el Convenio 169 de la Organización Internación del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales adquiera jerarquía constitucional.

A poco de haberse festejado los 200 años de la patria, quienes fueron los cimientos de la República Argentina siguen intentando hacer oír su voz y que se respete a sus comunidades, siempre postergadas por las políticas públicas. “No pedimos nada que no sea nuestro. Argentina era indígena. Después vinieron los españoles y las generaciones se fueron mezclando. Pero los pueblos originarios participaron activamente en la Asamblea de 1813 y, en 1816, los huarpes -un pueblo de montaña- ayudaron al Ejército de los Andes a cruzar la cordillera. Entonces, ¿de qué bicentenario hablan?, ¿de dónde salimos para hablar del bicentenario?”, se pregunta María Bassa, integrante de la Asociación Guadalupe.

Legislación vigente

Zambrano asegura que si bien la legislación existente abala sus pedidos, a lo largo del tiempo, “los avances fueron mínimos frente a la dimensión y a la naturaleza de los males impuestos al mundo indígena”. Por un lado, está la ley 23.302, de 1985, que declara el apoyo a los indígenas como asunto de interés nacional y otorga planes de desarrollo, salud, vivienda, educación y devolución de tierras. También existen la ley 26.160, de Emergencia en la Posesión y Propiedad Indígena, y el mencionado Convenio 169, que tiene como fundamento la dignidad del ser humano y de los seres humanos que conforman los pueblos indígenas. Pero un verdadero hito en su historia fue la reforma constitucional de 1994, en la que se incorporó al artículo 75 el inciso 17º, que propuso reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos, garantizar el respeto de su identidad y el derecho a una educación bilingüe, y reconocer la personería jurídica de sus comunidades y la propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocuparon.

“En 1994 se aprobó la cláusula constitucional con unanimidad de todos los partidos políticos. Los convencionales de aquel entonces, ministros, gobernadores y hasta el Presidente lloraban abrazados a los aborígenes. Pero parece que fueron lágrimas de cocodrilo, si no, no seguiríamos reclamando”, afirma Zambrano.

Malestar y críticas de los pueblos al Gobierno nacional

Si bien existe el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), que es la autoridad de aplicación de las políticas que los afectan, las comunidades denuncian su escasa funcionalidad y el incumplimiento de las reglas. “La ley dice que tiene que ser un organismo autárquico y no lo es. Depende del Ministerio de Desarrollo Social. También debería haber un consejo de coordinación, donde estén representadas las provincias, los distintos ministerios de la Nación y los pueblos indígenas, pero esto tampoco se cumple”, asegura Zambrano. Por otro lado, la semana pasada presentaron al primer director de Reafirmación de los Pueblos Originarios, Luis Báez, que depende del INAI, pero él mismo afirmó que el organismo aún no lo ha reconocido.

En el mismo sentido, una mapuche de Río Negro, Nancy Antenao, reclama su participación activa en el diseño de las políticas. “Queremos que no se nos recuerde solamente desde el documento para la elección de autoridades, que no sólo nos consulten y después programen lo que creen que nosotros necesitamos. Queremos que no trabajen para nosotros sino con nosotros. El trabajo debe ser coordinado para poder sentirnos reflejados en las políticas actuales”, advierte.

Además, denuncia la falta de iniciativas por parte de las autoridades nacionales para mejorar su situación. “Este gobierno, que está reviendo distintas causas de atropello a los derechos humanos, no brinda políticas para satisfacer nuestras necesidades y hemos tenido que abandonar los campos y migrar a las ciudades para buscar un sustento. Y aquí se nos hace muy complejo poder desarrollar nuestra cultura desde nuestros principios ancestrales”, confiesa. En consonancia con ella, Aurelio González, de Salta, explica que, cuando los indígenas llegan a las urbes no están capacitados para tener un oficio, pero que, de a poco, se van adaptando y adquieren conocimientos, principalmente, de albañilería y construcción.

También Zambrano -aunque no pierde la esperanza- se desilusionó con el trato que recibieron las comunidades por parte del Gobierno nacional y lanza críticas a la presidenta Cristina Fernández por la falta de consideración. “Yo estuve enamorado del gobierno de los Kirchner porque creí en el tema de los derechos humanos y pensé que en algún momento nos iba a tocar. Creía que, en los festejos del bicentenario, la Presidenta iba a tomar el guante histórico del mundo aborigen. Sin embargo, han sido sólo palabras”, denuncia. Y continúa: “Dijo que lo que le pasa a los aborígenes les pasa a otras comunidades. Nada más alejado de la realidad, porque nosotros no pertenecemos a la sociedad dominante y no podemos igualarnos a cualquier otro pueblo que vino después. Somos víctimas de una conquista, de la apropiación de nuestras tierras, del apoderamiento de nuestros recursos naturales, de nuestra muerte cultural, de un estado construido monstruosamente, europeísta, racista y etnocentrista” .

Mayor visibilidad de los pueblos

Por el dolor que sienten ante el olvido y la indiferencia, por la pobreza que los azota y los obliga a cambiar sus costumbres, porque no reclaman nada que no sea suyo, desde fines del siglo pasado las comunidades están rompiendo el silencio y se vive un impulso del indigenismo. Al respecto, Mariela Rameta, integrante del Instituto Histórico de Morón, sostiene: “Hay una frase que dice ‘500 años de silencio’. Pero ahora están empezando a hablar, a traspasar fronteras y a unirse con pueblos indígenas de otros países. Ha comenzado a surgir una nueva fuerza, que estaba muy callada”.

Y son esas voces las que, actualmente, están pidiendo que se apruebe la ley de Reparación Histórica. “Necesitamos que se visibilice la cuestión aborigen, que el proyecto se trate. Ya adhirieron 170 diputados”, cuenta Zambrano. Y Antenao concluye: “Todavía falta mucho. Es como que cada día la lucha recién empieza”.

* Publicado en www.pdpdigital.com.ar